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EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA COMO CRITERIO PONDERATIVO DE LA ACTIVIDAD DISCRECIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Autor
JUAN B. LORENZO DE MEMBIELA
Resumen
El principio de confianza legítima es aceptado por la jurisprudencia de los Tribunales españoles por incidencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Más tarde es introducido en la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo, en el artículo 3.1.º, junto al principio de buena fe, en la reforma legislativa de aquella Ley en el año 1999. Es significativo que tanto el principio de buena fe como el principio de confianza legitima hayan sido introducidos simultáneamente en la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo. Interpreto estas adiciones no sólo como consecuencia de la jurisprudencia del TJCE, también como prueba de un espiritualismo que late en los principios generales del Derecho y en la jurisprudencia española y que han alcanzado al Poder Legislativo, convirtiéndolos en preceptos. A semejanza como ocurrió con el principio de buena fe procesal en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 247. Con estos antecedentes, el legislador español ha provisto tanto a la Administración Pública como a los Tribunales de poderosas herramientas creativas para fiscalizar la arbitrariedad de los poderes del Estado. El principio de confianza legítima deriva del principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3.º de la Constitución española, y la importancia de todos ellos construye una plataforma ideal para interpretar la legislación hacia la protección de las personas frente a la imprevisible acción administrativa, bien sea hacia los ciudadanos, bien sea hacia los funcionarios.
Palabras claveprincipio de confianza legitima; principio de buena fe; principio de seguridad jurídica; control de la arbitrariedad administrativa; protección de las personas.
AbstractThe principle of legitimate confidence is accepted by the jurisprudence of the Spanish Courts by effect of the jurisprudence Court of Justice of the European Communities. Later it’is introduced in the Law 30/1992 of administrative Procedure in the article 3.1 close to the principle of good faith in the legislative reform of that Law in the year 1999. It’s significant that so much principle of good faith since as the confidence principle legitimizes have been introduced simultaneously in the Law 30/1992 of Administrative Procedure. I interpret these additions not only as consequence of the jurisprudence of the CJEC also as proof of a spiritualism that beats in the general Principles of the right and in Spanish jurisprudence and that have reached to the legislative Power turning into rules. To similarity since it happened with the principle of good faith in the Law of Civil Prosecution, in the article 247. With these precedents legislated Spanish has provided both to the Public Administration and to the Courts of powerful creative tools to control the arbitrariness of the power of the State. The principle of legitimate confidence derives from the principle of juridical safety gathered in the article 9.3 from the Spanish Constitution and the importance of all of them constructs an ideal platform to interpret the legislation towards the protection of the persons opposite to the unforeseeable administrative action, well it is towards the citizens, good is towards the civil servants.
Keywordsprinciple of good faith; principle of legitimate confidence; principle of juridical safety; control of the administrative arbitrariness; protection of the persons.