Una nueva aportación del Tribunal de Luxemburgo en materia de adquisición y pérdida de nacionalidad a la luz del derecho de la Unión Europea: el asunto C-689/21, Udlændinge- og Integrationsministeriet

Palabras clave
Art. 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales
art. 20 TFUE
Ciudadanía de la UE
nacionalidad
principio de efectividad
principio de proporcionalidad.
Resumen
En el asunto C-689/21, Udlændinge- og Integrationsministeriet, el órgano jurisdiccional remitente ha solicitado al TJ que se pronuncie sobre si el art. 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la pérdida automática de la nacionalidad al cumplir veintidós años si no se ha solicitado su conservación antes de esa edad. Ello puede significar que las personas afectadas que no posean, además, la nacionalidad de otro Estado miembro, pierdan la ciudadanía de la Unión sin que las autoridades nacionales hayan llevado a cabo, a la luz del derecho de la Unión, un examen de proporcionalidad de las consecuencias que tal pérdida tiene para esta persona. Así, este asunto constituye un nuevo capítulo de una saga jurisprudencial en la que el TJ ha venido aclarando cuales son las obligaciones de los Estados miembros en materia de adquisición y pérdida de nacionalidad a la luz del derecho de la Unión Europea. Además, en esta sentencia, el Tribunal de Luxemburgo no solo ha tenido la oportunidad de recordar los principios jurisprudenciales previamente consolidados, sino que los ha matizado y ha incluido algún elemento novedoso que puede suponer una evolución de su propia jurisprudencia en este ámbito material.
Keywords
Art. 7 of the Charter of Fundamental Rights; Art. 20 TFEU; EU citizenship; nationality; principle of effectiveness; principle of proportionality.
Abstract
In case C-689/21 Udlændinge- og Integrationsministeriet, the referring court has asked the CJ to rule on whether Article 20 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which provides for automatic loss of nationality on reaching the age of twenty—two if no application for its retention has been made before that age. That may mean that the persons concerned, who are not, moreover, nationals of another Member State, lose Union citizenship without the national authorities having carried out, in the light of European Union law, an examination of the proportionality of the consequences of such a loss for that person. Thus, this case constitutes a new chapter in a saga of case law in which the CJ has been clarifying the obligations of the Member States about the acquisition and loss of nationality in the light of European Union law. Moreover, in this judgment, the Luxembourg Court has not only had the opportunity to recall previously consolidated case—law principles but has also qualified them and included some novel elements that may represent an evolution of its own case-law in this material area.