Crónica de la Mesa sobre Estado de Derecho y democracia del XX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España

Víctor Cuesta Profesor contratado doctor (acreditado como profesor titular) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

13 de abril de 2023

Crónica de la Mesa sobre Estado de Derecho y democracia del XX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de EspañaEn la sesión de mañana de la segunda jornada del XX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), celebrado en el Complejo Cultural de San Francisco (Cáceres) el 23 y 24 de marzo de 2023, tiene lugar la Mesa 3 sobre Estado de Derecho y democracia presidida por Roberto Viciano Pastor (Universitat de València). En la misma línea de la intervención de Luis López Guerra durante el conversatorio del plenario en el que identificaba el Estado de Derecho y la democracia como principios indisociables del constitucionalismo contemporáneo, la ponente María Garrote de Marcos (Universidad Complutense de Madrid) comienza la sesión refiriéndose a estos dos conceptos interrelacionados, y a sus recurrentes definiciones doctrinales (normativas y politológicas), e identifica algunos puntos de intersección evidentes como el ejercicio de los derechos políticos y la expresión de la voluntad popular a través de la ley.

A continuación, presenta lo que a su juicio son los desafíos más notables a los que se enfrenta en la actualidad el Estado democrático de derecho. Por una parte, la ofensiva antiliberal y el discurso populista que, a diferencia de los golpes de Estado del pasado siglo, irrumpen en el panorama político a través de procesos electorales y afectan a las instituciones de modo progresivo. La concepción iliberal de la democracia se caracteriza por el rechazo a los controles sobre el ejercicio del poder soberano y muestra su apego por vías directas de expresión de la voluntad popular, monolítica, atacando a posiciones minoritarias y, por lo tanto, al pluralismo. El discurso populista favorece la polarización política y dificulta el acuerdo lo que, a menudo, lleva a la parálisis de las instituciones representativas tradicionales y a su consecuente deslegitimación.

Garrote considera que otro claro desafío al que se enfrenta el Estado democrático proviene de las múltiples vías de comunicación digital. La formación de la opinión pública libre, prerrequisito para la existencia de una sociedad democrática, se ve claramente influida por la crisis de los medios de comunicación tradicionales y la preponderancia de las nuevas formas de comunicación digital que, a través de sus algoritmos, favorecen la segmentación y la formación de burbujas informativas en las que los distintos grupos de ciudadanos se reafirman sus propias convicciones. En este escenario, los falseamientos y la desinformación escapan al control del Derecho, lo que resulta muy propicio para la difusión del discurso populista. De hecho, apunta que las redes sociales y el populismo se consolidan conjuntamente en el periodo que ha seguido a la Gran Depresión. Particularmente preocupantes son los efectos de la desinformación en el campo electoral. Los mensajes circulan en las redes al margen de las reglas que pretenden garantizar el principio de igualdad de oportunidades para las fuerzas políticas en el proceso electoral. Aunque el TEDH ha validado la actuación del Estado para regular el empleo de la comunicación electoral en periodos electorales, lo cierto es que el Estado se ve superado y no puede hacer frente a este fenómeno con las herramientas tradicionales del derecho. Las posibles vías de solución deberían venir de la mano de la autorregulación de las plataformas, supervisadas por los poderes públicos con arreglo a una serie de principios que orienten la moderación de contenidos.

Como bien constata la profesora Garrote, España no es ajena a estos desafíos. El discurso populista, presente en nuestra comunidad política, ha sido asumido particularmente por nuevos actores políticos que favorecen la polarización y el enfrentamiento entre dos grandes bloques enfrentados. Un buen ejemplo de esta deriva ha sido el procés catalán, alimentado por la tensión entre una supuesta legitimidad democrática y la vigencia del Estado de derecho. La manifiesta polarización entre bloques también debilita la legitimidad de los órganos constitucionales que no consiguen renovarse. Asimismo, las respuestas institucionales a la crisis sanitaria del COVID se han apoyado en exceso en la legislación de urgencia y han afectado claramente al ejercicio de la función de control parlamentario. Concluye su intervención trayendo a colación el ciclo electoral completo que se aproxima sin que se haya avanzado en la regulación de los ámbitos de comunicación digital durante las campañas y en la lucha contra la desinformación. En este sentido, la ponente afirma que el debate público digital debería estar guiado por una serie de principios, con base legal en la LOREG, que permitan a la administración electoral garantizar el multilateralismo y solventar los conflictos que puedan suscitarse durante las campañas. A modo de conclusión, considera que los desafíos a los que se ha referido deben abordarse desde la afirmación de los valores y principios constitucionales y desde otras vías de actuación esenciales como la educación digital.

En el turno de réplica, Josu de Miguel Bárcena (Universidad de Cantabria) manifestó su acuerdo, en líneas generales, con las reflexiones de la ponente, pero comienza su discurso desde otra perspectiva en la que Estado de derecho y democracia actúan como vectores contrapuestos en la evolución del Estado constitucional. El constitucionalismo de la segunda posguerra supone una auténtica revolución constitucional que parte de la desconfianza hacia la soberanía y hacia los excesos de las mayorías, apostando decididamente por la afirmación de los límites jurídicos, especialmente de carácter jurisdiccional, al poder político democrático. Cobran particular relevancia en este contexto histórico las garantías jurisdiccionales de las minorías, la función de control de la justicia constitucional y la progresiva consolidación de las instancias de carácter supranacional. El discurso populista contemporáneo denuncia la preponderancia del Estado de Derecho sobre la democracia y apunta directamente a la intervención de las cortes constitucionales como principal causa del desequilibrio. La ética populista se presenta (de acuerdo con Giuseppe Martinico) como un proyecto democrático contraminoritario y muestra su hartazgo con las múltiples derivaciones del principio de igualdad, particularmente cuando es entendida como un mandato de promoción de las minorías preteridas. Además, advierte que el discurso populista está ya muy presente en la política española y que existe un claro peligro de derivas iliberales. Al igual que la profesora Garrote, el discussant entiende que el procés es una clara muestra de cómo una mayoría política, enfrentada abiertamente al Tribunal Constitucional, aspira a un modelo de democracia decisionista. Otra de las amenazas que acechan al Tribunal Constitucional es, sin duda, el intento de trasladar a su seno la lógica de las mayorías parlamentarias, tal y como ha evidenciado el reciente, y dramático, capítulo sobre su renovación.

En relación a la decisiva influencia de las redes en el Estado de Derecho, advierte de una clara tendencia a la aceleración de los tiempos que ha contagiado al procedimiento legislativo. El legislador exprés intenta responder con urgencia a las demandas políticas coyunturales presentes en las redes en detrimento de la calidad y de la técnica legislativa. No es de extrañar, en este contexto, que la norma jurídica adolezca de graves errores y efectos indeseados por el propio legislador (ley “Rhodes”, ley del “solo sí es sí”). También llama la atención sobre la presencia en las leyes de neologismos y otras expresiones ajenas al lenguaje del Derecho e, incluso, de algunos hitos dudosamente contrastados. Como posibles repuestas a estos desafíos, coincide con la ponente en la necesidad de volver a los grandes valores constitucionales y, en lo que respecta a la doctrina, demanda una mayor atención de los constitucionalistas (tradicionalmente centrados en los derechos fundamentales) hacia el Estado de Derecho y la parte orgánica de la Constitución.

Concluido el turno de réplica, se abre el debate en el que, entre otros, interviene el profesor Javier García Roca (Universidad Complutense de Madrid) apuntando que, si bien existen grandes obras de iuspublicistas sobre principios jurídicos y división de poderes, publicadas en las décadas de los setenta, ochenta y noventa del pasado siglo, lo cierto es que es en esta coyuntura se hacen necesarias reflexiones actualizadas que respondan a las nuevas amenazas, particularmente frente a los claros intentos del populismo de ocupar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Para concluir el animado turno de debate, Viciano concluye identificando un claro acuerdo entre los participantes, esto es, la necesidad de abordar los problemas derivados del populismo, la desinformación y el falseamiento de la realidad, no sólo desde el derecho, que por sí solo se ve superado, sino desde el propio discurso político y de todo un abanico de disciplinas debidamente interrelacionadas.

A continuación, el presidente abre el turno de presentación de las comunicaciones. Entre los comunicantes presentes, interviene en primer lugar César Landa Arroyo (Pontificia Universidad Católica del Perú y Universitat Pomeu Fabra) que en su comunicación “Crisis de la democracia constitucional en el Perú” identifica los elementos que llevan a una crisis política “de transformación” y el consiguiente proceso constituyente en Perú que, a su juicio, podría llevar a un Estado constitucional más inclusivo y participativo. Por su parte, Álvaro Antoral Arenas (Universidad Complutense de Madrid) aborda en “Estado de Derecho y los nuevos desafíos de los populismos en las instituciones” el auge de los movimientos populistas y su integración en las instituciones, alertando sobre la necesidad de abundar en las limitaciones jurídicas al ejercicio tanto de los poderes constituidos como del poder constituyente. A continuación, Manuel Cabanas Veiga (Universitat de Lleida) presenta brevemente su trabajo “El peligro del populismo de la derecha radical en los estados de excepcionalidad españoles: Gobierno vs. oposición política”, que partiendo del análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021, alude a los riesgos del abuso de las herramientas propias del derecho de excepción por parte de un hipotético gobierno de derecha radical. El profesor José Luis López González (Universidad Autónoma de Madrid) se refiere en su comunicación “La compatibilidad entre discurso político y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión” a la necesidad de poner en valor el respeto y la tolerancia para fortalecer la deliberación pública frente al discurso del odio, así como la enseñanza de los valores cívicos en la enseñanza preuniversitaria. En la comunicación “La protección del Estado de Derecho y la primacía del Derecho de la Unión: ¿Hacia una mutación estructural del constitucionalismo europeo?”, Giuliano Vosa (Università di Catania) aborda las relaciones entre los ordenamientos supranacional y de los Estados miembros, en particular respecto a los límites a la soberanía y a las identidades nacionales que se derivan del art. 2 y el art. 4.2 TUE. En “Estado de Derecho, Democracia y Poder Judicial”, Jorge Lozano Miralles (Universidad de Jaén) nos ilustra sobre el reciente “choque invernal” entre el Tribunal Constitucional y las Cortes Generales. Por su parte, Mariano Vivancos Comes (Universitat de València) aborda en “Sujeción a la ley y la libre decisión en el (nuevo) estatuto político vasco” las bases sobre las que se asienta el pacto político que debe llevar a la elaboración de un nuevo estatuto político vasco, en las que se parte de principios como la libre decisión y el concierto. Cierra el turno de comunicaciones, y también la fructífera sesión, Francisco Jesús Terrassa-Ortuño (Universidad Complutense de Madrid) presentando su trabajo “La fecha electrónica en las resoluciones judiciales y su especial trascendencia constitucional a la luz de la nueva regulación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” que se refiere a la problemática, más concreta, del empleo de las firmas electrónicas y su relación con los tiempos procesales y la prescripción de los delitos.

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Cuesta López, Víctor (13 de abril de 2023). Crónica de la Mesa sobre Estado de Derecho y democracia del XX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España Blog del CEPC https://www.cepc.gob.es/blog/cronica-de-la-mesa-sobre-estado-de-derecho-y-democracia-del-xx-congreso-de-la-asociacion-de

 

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